
Sexta edición de la Revista Pensar Decir Hacer, realizada en 2026.
Recorre el índice nota por nota
El efecto subjetivo de la intervención de la justicia. Lic. Aldana D. Florentín
Entre lo jurídico y lo subjetivo: el sujeto en el campo de la ley. Lic. Pérez María Belén
Sobre una experiencia inaugural de trabajo en la OCDAEP. Lic. M. Eugenia Rapp
Un día cualquiera. Lic. Ana Barrionuevo
Responsabilidad e imputabilidad en la psicosis: el caso Barreda. Lic. y Prof. Sol Rivero
Editorial
Número especial – Salud Mental
Pensar, Decir, Hacer – SITRAJU CABA
En el Poder Judicial se tramitan conflictos, pero también se tramitan vidas. Cada intervención institucional —una citación, una audiencia, una suspensión del proceso a prueba, una evaluación psicológica, una espera— no sólo produce efectos legales, sino que también y por sobre todo produce efectos subjetivos.
Este número especial de Pensar, Decir, Hacer parte de esa dimensión que muchas veces queda fuera de los expedientes: la justicia toca la salud mental de quienes llegan a ella y también de quienes la ejercen.
Las personas que atraviesan el sistema judicial no lo hacen en abstracto. Llegan con historias de exclusión, trayectos teñidos de violencia, consumo, precariedad, padecimiento psíquico. Para muchxs, el contacto con el proceso judicial es uno de los pocos momentos en los que el Estado se dirige a ellxs de manera directa. Y esa palabra institucional, como muestran los textos reunidos aquí, puede operar como una marca que ordena y responsabiliza, o como una repetición de abandono y expulsión.
Cuando la intervención judicial logra constituirse como un encuadre —cuando hay tiempos, reglas, presencia, escucha y límites— no sólo se sanciona una conducta: se abre la posibilidad de que algo de la posición subjetiva se modifique. Incluso dentro del sistema penal, incluso en dispositivos pensados para el control, puede producirse una salida del circuito de repetición, una inscripción distinta en el lazo social. Esa es, también, una dimensión de la salud mental.
Los aportes de la psicología en el ámbito judicial —desde la clínica, desde lo territorial, desde lo interdisciplinario— muestran que otra justicia es posible: una que no reduzca a las personas a su expediente, que no confunda control con cuidado, que no renuncie a su función de ley pero tampoco pierda de vista a los sujetos a los que se dirige.
Pero sostener ese tipo de prácticas tiene un costo. El desgaste emocional, la apatía defensiva, el burnout que aparecen en la primera línea de atención no son fallas individuales, sino efectos de un contexto de ajuste, sobrecarga y abandono estatal. Cuando las políticas públicas no llegan, el sufrimiento cae sobre los escritorios, los teléfonos y los cuerpos de lxs trabajadorxs. Cuidar la salud mental institucional es, por eso, una tarea gremial y política.
Hablar hoy de salud mental en la justicia es hablar de derechos, de dignidad y de la posibilidad de recomponer lazos allí donde fueron rotos. Es afirmar que el Estado no sólo debe sancionar o administrar, sino también sostener, orientar y responsabilizar sin deshumanizar.
Pensar, decir y hacer —como propone esta revista— es asumir que cada práctica institucional deja huella. Que esa huella pueda ser una inscripción que habilite, y no una marca que expulse, es una de las formas más profundas de cuidar la salud mental colectiva.